En un análisis de cerca de 73 mil concesiones de ocho países con bosques tropicales, realizada por el Proyecto Munden, se reveló que el 93% de inversiones en minería, petróleo, gas, explotación forestal y agricultura involucra a zonas habitadas por pueblos indígenas y comunidades locales.
En la investigación se detalla que la cantidad total de tierras entregadas por los gobiernos al sector privado para la explotación minera, maderera, perforaciones de gas y petróleo, agricultura a gran escala, incluye por lo menos en un 40% a Perú y 30% a Indonesia.
"Cuando los gobiernos venden los bosques y otros recursos naturales de las tierras en donde las personas viven, los conflictos locales se vuelven inevitables," dijo Andy White, coordinador de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), entidad que encargó la investigación.
El estudio Comunidades como Contrapartes: Revisión preliminar de las concesiones y los conflictos en los mercados fronterizos y emergentes, está siendo divulgado un mes antes de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde los gobiernos continuarán las negociaciones sobre un tratado vinculante.
Los autores de esta investigación se reunirán con líderes indígenas de la región para evaluar los impactos de la superposición de las inversiones con las tierras y bosques de las comunidades indígenas en América Latina.
Leonardo Pradela, uno de los representantes del Proyecto Munden, comentó que tras mapear desarrollos o concesiones de recursos naturales en ocho mercados emergentes o fronterizos (Brasil, Camboya, Colombia, Indonesia, Liberia, Mozambique, Perú, Filipinas), se descubrió que siempre generaban conflictos con las personas que viven en la tierra destinada para el desarrollo.
El informe examina 100 de estos conflictos y busca patrones en cómo y por qué surgen estos problemas.
PERÚ
En la nota de prensa emitida por organizadores del proyecto manifiestan sentirse asombrados de que el 40% del área terrestre de Perú, sea parte de este negativo informe que indica que nuestro país haya asignado operaciones de explotación maderera, minería y perforaciones de gas, pues es el anfitrión de la ronda de negociaciones internacionales sobre el cambio climático COP20.
POBLACIONES VULNERADAS
Uno de estos casos sucedió cuando los gobiernos de Brasil y Perú acordaron construir dos represas en el río Ene, en la Amazonía peruana, sin el consentimiento del pueblo Ashaninka que vivía en la región. Las presas, que habrían desplazado de 8000 a 10,000 personas, desencadenaron tres años de protestas y disturbios antes de que las obras fuesen detenidas finalmente.
"Uno puede encontrar comunidades viviendo en casi todas partes. Ya no es tolerable que las comunidades no sean consultadas sobre las inversiones que involucran a sus tierras”, declaró Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC).
El análisis encontró varias de las instancias en las que los impactos ambientales involucraron la destrucción parcial o total de bosques o deterioraron el agua potable de la comunidad local, el suelo en sus fincas, o el aire que respiran.
En Santiago de Chuco, Perú, por ejemplo, las organizaciones comunitarias locales demostraron que una mina operada por Barrick Gold contaminó su suministro de agua potable, obligando a la empresa a gastar millones de dólares para abordar los problemas.
Finalmente, los encargados de esta investigación recomendaron también a los inversionistas velar por el bienestar de las comunidades, pues en un caso de contaminación, la empresa también se ve obligada a gastar (muchas veces millones de dólares) para reparar el daño.
Fuente: Diario La República
